Resumen: Contraviene la libre circulación de capitales (art. 65 TFUE) una retención del 15 por 100, establecida en un convenio bilateral para evitar la doble imposición, sobre los dividendos pagados por entidades cotizadas en la bolsa española a no residentes cuando los títulos valores de los que proceden tales dividendos sean instituciones de inversión colectiva por cuanto que si éstas residen en España tales rentas tributarían al 1 por 100.
Resumen: Se anula una sentencia del TSJ de Madrid en lo relativo al reconocimiento de la situación jurídica individualizada de que la inutilidad permanente del recurrente trae causa de acto de servicio o a consecuencia del mismo como víctima del atentado terrorista habido en Madrid el 11 de marzo de 2004, con los efectos económicos inherentes. Sostiene el Alto Tribunal que para reconocer la pensión extraordinaria derivada de acto terrorista del artículo 49 de la Ley de Clases Pasivas es posible que en el mismo procedimiento de determinación de incapacidad se determine la relación de causalidad con acto terrorista, sin necesidad de acudir a un segundo procedimiento por la vía del RD 851/1992, de 10 de julio, por el que se regulan determinadas pensiones extraordinarias causadas por actos de terrorismo en razón de la similitud de trámites en ambos procedimientos. Añade el TS que se ha producido una vulneración art. 14 de la Constitución por discriminación respecto a otro compañero del recurrente en una situación en todo idéntica, salvo por la circunstancia de que el Ministerio de Defensa "olvidó" comunicar a la Audiencia Nacional su condición de víctima de terrorismo.
Resumen: En la sentencia se afronta la problemática derivada de una tarjeta de crédito revolving, y las condiciones que hacen atribuible al mismo el carácter usurario, que se apoya en un interés desorbitado que no se justifica por los riesgos que pueda estar asumiendo el prestamista, resultando no solo de la aplicación de esa tasa de interés disparatada sino en la aplicación del conjunto de cláusulas del contrato, que al socaire de otorgar grandes facilidades al consumidor para su pago lo que en realidad están estableciendo las basas para que el cliente asuma una carga financiera a largo plazo completamente desequilibrada en la que el cliente no amortiza prácticamente nada de capital y solo intereses, convirtiendo el préstamo en una deuda eterna, poniendo la Audiencia en conexión los requisitos de transparencia material, es decir la comprensibilidad de la carga jurídica y económica que se asume por el cliente adherente con los requisitos de la usura, en concreto con la falta de experiencia del deudor, de manera que el conjunto de facilidades aparentes que se imponen al deudor sumado a la desorbitada tasa de interés termina convirtiendo el contrato en un contrato leonino, por lo que procede declarar su nulidad de pleno derecho.
Resumen: Se analiza la responsabilidad de la empresa de seguridad ya que personas extrañas habían entrado en la nave asegurada, forzando dos puertas, dos cajas fuertes y llevándose el dinero de su interior, afirmando la mercantil que el sistema estaba en perfecto estado de funcionamiento pero que había sido saboteado, habiendo concluido la sentencia de Primera Instancia que se produjo un mal funcionamiento del sistema y su diseño no era adecuado para una protección óptima. El Tribunal analiza nuevamente las pruebas practicadas y sin desconocer la naturaleza del contrato, que ha sido calificado jurisprudencialmente, como contrato de medios y no de resultado al ser imposible garantizar la seguridad absoluta de los bienes, establece que la empresa debe proporcionar sistemas aptos para detectar intrusiones y mantenerlos en buen estado de funcionamiento y en este caso, constando que la fácil inutilización del sistema permitió la entrada de intrusos, impone declarar su responsabilidad, siendo indiferente el presupuesto que abonara el cliente, pues es la empresa experta la que debe valorar si el proyecto es apto y adecuado.
Resumen: Confirma la sentencia apelada que condenó al arrrendatario y al fiador al pago de la renta debida. Entiende que en contra de lo señalado por el recurrente, para que se extinga la fianza por la prórroga del contrato de arrendamiento es precisa una voluntad declarada y firme del acreedor de conceder una prórroga voluntaria por el arrendador pero no a la que viene impuesta a este por el arrendatario en virtud de lo dispuesto en la Ley de Arrendamientos Urbanos, sobre todo si se tiene en cuenta que en la fianza personal asumida por el demandado se produjo solidariamente con el arrendatario, convirtiendo en suyas las obligaciones de éste en caso de incumplimiento y durante toda la duración del contrato, incluida de forma expresa la prórroga legal del mismo, como expresamente se señala en el contrato.
